Tribunal ecuatoriano suspende condena a informático Ola Bini


9 de abril de 2024 Hora: 04:52

Un tribunal de la provincia ecuatoriana de Pichincha aceptó el lunes la petición de suspensión de condena solicitada por la defensa del informático sueco Ola Bini, vinculado al fundador de WikiLeaks Julian Assange, condenado tres días antes a un año de prisión por presunto acceso ilegal a sistemas cibernéticos del Estado.

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Según refiere la Fiscalía ecuatoriana en sus redes sociales, Bini deberá “presentarse cada 15 días ante la autoridad competente, no salir del país sin autorización del juez, tener domicilio determinado, ejercer un trabajo, profesión u oficio; no ser reincidente y no ser procesado por otra causa”.

El pasado viernes, un tribunal de apelaciones revirtió el fallo de inocencia que se había dictado en enero de 2022 en favor de Bini y, tras aceptar un pedido del ministerio fiscal, lo condenó a un año de prisión y pagar una multa de 1.840 dólares. La defensa del informático sueco anunció que apelaría la condena ante la Corte Nacional de Justicia.




Carlos Soria, abogado de Bini, calificó de «inaudita» e «inaceptable» la condena a su cliente, al considerar que se le juzgó por la «tentativa» de acceso ilegal a sistemas de cómputo del Estado. El letrado lamentó que la causa referida por un presunto delito de acceso ilegal a sistemas informáticos oficiales haya sido juzgada apenas como «tentativa».

«Apelaremos para que en la Corte Nacional puedan revisar la sentencia y que Ola Bini sea declarado nuevamente inocente», remarcó. No obstante, más adelante sugirió que se solicitaría la suspensión condicional de la pena de prisión.




Ola Bini, de 41 años, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, horas después de que el Gobierno ecuatoriano, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), anulara al asilo otorgado a Julian Assange en su embajada en Londres.

La Fiscalía de Ecuador había acusado a Bini por sospechar que había accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el objetivo de obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.

La defensa de Bini, que ha negado vehementemente los cargos, criticó la acción fiscal y denunció una serie de irregularidades en el proceso que debió haberse canalizado en 2019, pero que fue suspendido en repetidas ocasiones.

Autor: teleSUR - rzr - SH

Fuente: Expreso.ec - El telégrafo - @FiscaliaEcuador

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